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El Gobierno de San Juan avanza en el diseño de un plan de retiros voluntarios para empleados públicos provinciales, cuya implementación está prevista para fines de este año, en coincidencia con las proyecciones oficiales sobre el impacto que tendrá la actividad minera en la generación de empleo y el crecimiento económico de la provincia.
La iniciativa forma parte de una estrategia destinada a reducir gradualmente la planta estatal, que pasó de aproximadamente 36.000 trabajadores en 2019 a cerca de 50.000 en 2023. Desde el Ejecutivo consideran que este incremento hace necesario avanzar en mecanismos que permitan disminuir el peso del empleo público y favorecer una transición hacia el sector privado.
La propuesta está estrechamente vinculada a las expectativas generadas por los grandes proyectos mineros que comenzarán a desarrollarse en San Juan. En el Gobierno entienden que iniciativas como Vicuña, junto a las obras de infraestructura asociadas y el crecimiento de la cadena de proveedores y servicios, demandarán una importante cantidad de mano de obra.
Bajo este escenario, el objetivo oficial es que una parte de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el Estado pueda acceder a nuevas oportunidades laborales en actividades privadas vinculadas al desarrollo económico proyectado para los próximos años.
Cómo sería el programa
El esquema que actualmente se encuentra en elaboración contempla que los empleados públicos que cumplan con una antigüedad mínima —aún en análisis— puedan adherir voluntariamente al programa y percibir, hasta el momento de su jubilación, un porcentaje elevado de su salario.
Además, el Estado provincial continuaría realizando los aportes previsionales y garantizaría la cobertura de obra social, asegurando que los beneficiarios mantengan sus derechos durante la etapa previa al retiro definitivo.
La propuesta presenta características similares al Programa de Empleo Público Acordado (PEPA), implementado en 2003, que permitió la desvinculación voluntaria de agentes estatales mediante condiciones especiales de sostenimiento económico y previsional.
No obstante, si bien la decisión política de avanzar con el programa ya fue tomada, la iniciativa continúa en etapa de elaboración técnica. Por ello, aún no se definieron aspectos clave, como la antigüedad mínima requerida, el porcentaje exacto del salario que percibirán los adherentes ni la fecha precisa de implementación.
Un cambio en la matriz laboral
La iniciativa fue anticipada por el vicegobernador Fabián Martín, quien confirmó que el Gobierno trabaja en un esquema orientado a aquellos empleados públicos con perfil emprendedor o interesados en desarrollar actividades fuera del Estado.
“Las mayores oportunidades van a estar afuera, van a estar en la actividad privada“, sostuvo el funcionario.
Martín también vinculó la medida con la necesidad de impulsar una transformación en la matriz laboral de la provincia. “Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada“, afirmó.
Para el oficialismo, el crecimiento del sector privado será una condición fundamental para la puesta en marcha del programa. Por ese motivo, la intención es esperar hasta fin de año, cuando estiman que el movimiento económico generado por las inversiones mineras comenzará a reflejarse con mayor intensidad en la creación de empleo.
