La Justicia ordenó levantar el paro de colectivos y dispuso que se restablezca el servicio en San Juan

La Justicia de San Juan intervino este jueves en el conflicto que mantiene paralizado al transporte público de pasajeros y ordenó el levantamiento de las medidas de fuerza y la restitución del servicio.

La resolución fue adoptada por el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán, luego de que la Fiscalía de Estado presentara un recurso de amparo acompañado por un pedido de medida cautelar ante la interrupción del servicio.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la decisión y explicó que el magistrado dispuso una medida cautelar innovativa, mediante la cual se ordena judicialmente que cese cualquier medida de fuerza o retención de tareas que afecte la prestación del transporte.

ATAP y UTA deberán ser notificadas

La resolución alcanza a las partes involucradas en el conflicto, por lo que ATAP y UTA deberán ser notificadas formalmente de la medida.

A partir de esa notificación, ambas partes deberán cumplir con la orden judicial y garantizar la prestación del servicio de transporte público.

Desde Fiscalía de Estado señalaron que ya se inició el proceso para diligenciar las cédulas correspondientes y comunicar oficialmente la resolución a los sectores alcanzados.

De esta manera, la Justicia dispuso que el transporte vuelva a funcionar independientemente de la negociación que mantienen empresarios y trabajadores, vinculada a la situación económica del sistema y a los reclamos salariales.

El planteo de Fiscalía de Estado

El pedido presentado ante el juzgado estuvo fundamentado en la necesidad de garantizar los derechos de los usuarios del transporte público, frente a las consecuencias que genera la interrupción del servicio.

Según explicó Dávila, la falta de colectivos repercute directamente en actividades esenciales y puede afectar el acceso de los ciudadanos a la salud, la educación y el trabajo, además del derecho a circular y utilizar el transporte público.

Con ese argumento, Fiscalía de Estado solicitó que se ordenara la restitución de la prestación mientras continúa el conflicto entre las empresas y los trabajadores.

La negociación continuará pese a la orden judicial

La medida cautelar no pone fin al conflicto que originó el paro. Las diferencias entre las empresas nucleadas en ATAP y los trabajadores representados por UTA continuarán siendo discutidas, mientras la resolución judicial establece que el servicio debe ser garantizado.

Por lo tanto, la continuidad de cualquier medida de fuerza queda ahora condicionada por la orden emitida por el Primer Juzgado Civil.

La restitución del transporte comenzará a regir una vez que ATAP y UTA sean formalmente notificadas de la resolución judicial.