Más de 80 familias del Barrio 17 de Octubre reclaman una solución tras recibir intimaciones de desalojo

Una situación que genera preocupación entre decenas de familias del Barrio 17 de Octubre, conocido como las 125 Viviendas, en Jáchal, atraviesa una nueva instancia luego de que más de 80 grupos familiares recibieran intimaciones para desocupar sus viviendas.

Según manifestaron los vecinos, las notificaciones fueron emitidas en el marco de la Resolución N.º 003919-IPV-2026 y establecen un plazo de 10 días hábiles para hacer entrega de las viviendas y las respectivas llaves ante el Departamento de Asuntos Legales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Los afectados sostienen que la situación genera una fuerte incertidumbre, especialmente porque entre las familias involucradas hay personas de bajos recursos y grupos que atraviesan diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Los vecinos fueron al Concejo Deliberante

En medio de la preocupación y ante la necesidad de encontrar una respuesta, este miércoles los vecinos se trasladaron hasta el Concejo Deliberante de Jáchal, donde fueron recibidos por algunos de los concejales.

Durante el encuentro expusieron la situación que atraviesan y plantearon la necesidad de que las autoridades locales intervengan para buscar una solución que permita a las familias conservar sus hogares y regularizar su situación.

Tras la reunión, los vecinos anticiparon que elaborarán y presentarán una nota dirigida al intendente de Jáchal, al diputado departamental y a la Defensoría del Pueblo de San Juan, con el objetivo de solicitar acompañamiento institucional y que se abran canales de diálogo con los organismos provinciales involucrados.

Quieren pagar, pero piden una cuota accesible

Uno de los principales planteos de las familias es que no se niegan a cumplir con sus obligaciones y que existe voluntad de regularizar la situación habitacional.

Sin embargo, solicitan que se tenga en cuenta la realidad económica de cada familia y que se establezca una cuota social y accesible, acorde con las posibilidades de los habitantes del barrio y con las condiciones que, según sostienen, fueron contempladas en los comienzos del proyecto.

El reclamo apunta a evitar que la situación económica de las familias termine derivando en la pérdida de las viviendas.

Los antecedentes que plantean los vecinos

En la presentación que preparan para solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo, los vecinos también plantean interrogantes vinculados con el origen del barrio, las modificaciones administrativas posteriores y la situación dominial del terreno.

Según la documentación que mencionan, el complejo habitacional fue incorporado originalmente al Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (FEDVILLA) el 8 de agosto de 2018, mediante la Resolución N.º 004278-IPV, sobre un terreno que había sido donado por el Fideicomiso Minero.

Posteriormente, el 15 de julio de 2020, la Resolución N.º 001936-IPV dejó sin efecto la normativa anterior con el objetivo de ordenar administrativamente el expediente e incorporarlo al sistema SIGED. En esa instancia también se habían establecido condiciones de venta provisorias actualizadas mediante el coeficiente CVS.

Otro de los puntos que los vecinos pretenden que sea revisado está relacionado con la situación dominial del inmueble. De acuerdo con la documentación que aseguran tener en su poder, el terreno continuaría figurando a nombre de quien oportunamente lo transfirió para el desarrollo del proyecto habitacional.

Por ese motivo, reclaman que se analicen los antecedentes administrativos y legales antes de avanzar con cualquier medida que pueda afectar la permanencia de las familias en sus viviendas.

Piden suspender las medidas y abrir una mesa de diálogo

Ante el plazo establecido en las intimaciones, los vecinos solicitan que se suspendan las medidas de desocupación mientras se analiza la situación y que representantes del IPV se hagan presentes en Jáchal para explicar personalmente a las familias cuáles son las alternativas disponibles.

El pedido central es abrir una instancia de diálogo que permita encontrar una salida administrativa y social al conflicto, contemplando la voluntad de pago manifestada por los vecinos y la situación económica de las familias involucradas.

La presentación ante la Defensoría del Pueblo estará acompañada por planillas con firmas de los vecinos y copias de las intimaciones recibidas, mientras que desde el sector anticiparon que continuarán realizando gestiones ante las autoridades locales y provinciales para evitar que el conflicto derive en la pérdida de sus hogares.

Video gentileza: JVP Comunicaciones