Uñac, Andino y otros ocho investigados fueron imputados por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum avanzó este miércoles 11 de noviembre con la formalización de las imputaciones contra Sergio Uñac, Cristian Andino y otros ocho investigados. La exposición estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal durante la segunda jornada de la audiencia desarrollada en el Palacio de Tribunales de San Juan.

La causa involucra a exfuncionarios provinciales, antiguos directivos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), personal técnico y representantes de la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías utilizadas en el proyecto.

La Fiscalía atribuyó, de acuerdo con el grado de participación que considera correspondiente a cada involucrado, los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La audiencia se desarrolló ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, quien durante la jornada anterior había dispuesto un cuarto intermedio y requerido mayor precisión en la descripción de las conductas atribuidas a cada investigado.

Qué cargos enfrenta cada uno de los diez imputados

La acusación fiscal individualizó las presuntas responsabilidades de los involucrados en las distintas etapas de contratación, adquisición de materiales y ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Sergio Uñac: el exgobernador y actual senador nacional fue imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, en carácter de autor y en concurso real. Según la Fiscalía, durante su gestión habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieron la participación de Krah América Latina en las licitaciones. También le atribuyeron conocer las fallas de las tuberías y ordenar la continuidad de los trabajos.

Cristian Andino: el actual diputado nacional presidió OSSE entre 2011 y 2015. Fue imputado por los tres delitos mencionados, en carácter de autor y en concurso ideal. La acusación sostiene que durante su gestión se modificaron exigencias técnicas de las licitaciones, incorporando mecanismos alternativos de certificación que habrían favorecido a Krah.

Sergio Ruiz: estuvo al frente de OSSE entre diciembre de 2015 y principios de 2019. Fue imputado como autor de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. La Fiscalía le atribuyó intervenciones en la elaboración de pliegos y decisiones administrativas, entre ellas la cesión en locación de un predio de 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado.

Juan Carlos Caparrós: presidió OSSE entre febrero y diciembre de 2019. Fue imputado por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según la acusación, conocía las fallas de las tuberías y no habría adoptado las medidas correspondientes. También le atribuyeron impulsar la contratación directa de una consultora mendocina.

Guillermo Sirerol: estuvo al frente de OSSE desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023. Fue imputado por administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. La Fiscalía señaló que conocía los problemas de las cañerías y que suscribió un convenio con la UTE ejecutora en el que se reconocían deficiencias de la tecnología utilizada.

Fabián Mastelono: socio y directivo de Krah América Latina, fue imputado como partícipe principal de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La acusación sostiene que intervino para conseguir modificaciones en los pliegos y que propuso a Plaspitec para supervisar soldaduras, pese a su vinculación con esa empresa.

Humberto Caballero: exresponsable del Departamento Jurídico de OSSE y actual juez, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público. La Fiscalía cuestionó un dictamen elaborado durante su paso por el organismo que habría permitido excluir a General Plastic, competidora de Krah.

Juan Antonio Sánchez: funcionario técnico de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público. Se le atribuyó participación en la elaboración de los pliegos y en las comisiones de preadjudicación de las licitaciones investigadas.

Francisco Correa: funcionario técnico y auditor de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público. Según la Fiscalía, no habría objetado determinadas exigencias técnicas ni advertido deficiencias en las tuberías.

Vicente Caruso: exintegrante del área de proyectos de OSSE, fue imputado como partícipe necesario de administración fraudulenta y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación sostiene que intervino en la elaboración de los pliegos y permitió incorporar especificaciones técnicas solicitadas por Krah.

Julio Ortiz Andino deberá ser formalizado en otra audiencia

La situación del exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino quedó pendiente. Aunque forma parte del grupo de once investigados, no estuvo presente en la audiencia y, por ese motivo, no pudo completarse la formalización de su imputación.

De esta manera, la Fiscalía expuso los cargos contra diez de los once involucrados. La situación procesal del exfuncionario deberá abordarse en una próxima instancia judicial.

La investigación busca determinar si existieron maniobras destinadas a favorecer a Krah América Latina mediante modificaciones en los pliegos de licitación, flexibilización de controles y decisiones administrativas relacionadas con la adquisición de cañerías para el Acueducto Gran Tulum.

Las imputaciones representan la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal y no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de cada investigado deberá determinarse en el marco del proceso judicial.