San José de Jáchal: 16°
18° / 9° - Algo de nubes
El Gobierno Nacional oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
De este modo, el Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
La resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.
En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.
Según argumentó la Secretaría de Transporte, el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales. “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señaló el texto oficial.
La resolución también ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas. El organismo deberá mantener los mecanismos de control y seguimiento sobre las prestaciones.
Además, la normativa incorporó una cláusula transitoria para preservar los trámites y derechos generados antes de la entrada en vigencia de la resolución, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos ya iniciados.
La medida se conoce en medio de un fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El estudio también advirtió que el aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y a la evolución del salario mínimo, lo que elevó el peso del transporte en el gasto mensual de los hogares. Según CEPA, mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%.
El informe además remarcó que la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las diferencias tarifarias entre el AMBA y las provincias. Mientras el boleto mínimo en el conurbano ronda los $700, en algunas ciudades del interior ya supera los $2.000.
