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El Gobierno nacional finalmente autorizó, mediante un decreto, a San Juan y otras ocho provincias para que puedan intervenir en rutas nacionales y establecer el cobro de peaje para recuperar los fondos.
“Delégase en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias”, indica el decreto N° 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Según la normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados.
En ese sentido, las provincias quedarán facultadas para “aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente”.
Vialidad Nacional le pedirá a las provincias la presentación de, por lo menos, el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.
Respecto al tramo intervenido, la recuperación de los fondos por el peaje no podrán ser afectados a la construcción o conservación de “otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza”, aun cuando tengan vinculación.
Bajo este nuevo paradigma, se redistribuyen las competencias: la provincia asumirá la confección de pliegos, la ejecución de obras y la fijación de tarifas de peaje, mientras que los organismos nacionales (Vialidad) conservarán exclusivamente la supervisión técnica del servicio.
