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Una investigación iniciada por la UFI del Norte, a cargo del fiscal Gastón Mateo Salvio, terminó con la condena de un bioquímico y dos médicos acusados de realizar una maniobra fraudulenta contra la Obra Social Provincia (OSP), utilizando consultas y prácticas médicas registradas a nombre de afiliados que aseguraron nunca haber recibido esas prestaciones.
El caso salió a la luz en agosto de 2025, cuando varios afiliados comenzaron a revisar su historial en la aplicación Ciudadano Digital (CIDI) y detectaron consultas, análisis y otras prácticas cargadas a su nombre sin haber concurrido a los profesionales involucrados.
Firmas que nadie reconocía
Con el avance de la investigación, los damnificados declararon que no reconocían como propias las firmas que figuraban en los bonos médicos utilizados para facturar las prestaciones.
La pesquisa también determinó que el sistema DOS permitía emitir bonos sin necesidad de contar físicamente con el carnet del afiliado, una modalidad que habría facilitado la operatoria investigada.
Además, la Fiscalía comprobó que los bonos fueron facturados y posteriormente cobrados por los profesionales, mientras que la incorporación de nuevos expedientes permitió ampliar la cantidad de hechos denunciados.
Más de 50 hechos y condenas mediante juicio abreviado
La causa concluyó mediante un juicio abreviado, mecanismo por el cual los acusados aceptaron su responsabilidad y una pena acordada, evitando la realización de un juicio oral.
Las condenas quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Pablo Daniel Olivares (bioquímico): 2 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos.
- Eduardo Octavio Leaniz (médico): 2 años y 3 meses por 18 hechos.
- Carlos Fernando Agüero (médico): 2 años y 5 meses por 26 hechos.
En total, la Justicia atribuyó 54 hechos vinculados a la maniobra investigada.
Las penas son de ejecución condicional, por lo que los condenados no irán a prisión mientras cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.
Además, los tres deberán permanecer bajo el control del Patronato de Liberados durante dos años, tras ser condenados como coautores del delito de defraudación a la Administración Pública, figura que sanciona el perjuicio económico ocasionado mediante maniobras fraudulentas contra el Estado.
La kinesióloga fue sobreseída
La investigación también alcanzó a la licenciada en Kinesiología Natalia Gimena Mateos, aunque finalmente la Justicia resolvió sobreseerla al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularla con las maniobras investigadas.
Con esa decisión quedó cerrada su situación procesal dentro de la causa.
