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Bajo la firma de Fernando Ortíz, un informe que Diario de Cuyo titula “El vínculo opaco entre la Asamblea Jáchal No Se Toca y la UNCuyo con falta de respuestas” habla sobre “un trabajo conjunto desde hace una década del que nadie sabe nada porque la casa de altos estudios no aporta datos. Siembran dudas sobre presunta contaminación minera, pero no pueden clarificar su propia relación. Todo sucede justo en un momento de auge del debate minero en San Juan, Mendoza y el país.”, según la bajada de la nota.
El informe completo:
“No van a dar declaraciones sobre este tema a ningún medio”. El textual pertenece a un funcionario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El tema es el informe técnico sobre el que la Asamblea Jáchal No Se Toca edifica todas las dudas alrededor de la mortandad de peces en el embalse Cuesta del Viento. Ningún medio es DIARIO DE CUYO. El único medio de comunicación de San Juan que puso la lupa sobre el vínculo entre la agrupación pretendidamente ambientalista y la casa de altos estudios ubicada en Mendoza. ¿Existe alguna razón para que una institución nacional pública no quiera dar explicaciones sobre un estudio que está membretado con su nombre? ¿Por qué no lo haría? Principalmente después de haberse despegado de las conclusiones sobre una supuesta contaminación del agua.
Todo indica que hay cierta opacidad en la relación entre la Asamblea y la universidad. Per se, la misma dinámica de trabajo interno y la representación de la organización ambientalista es una incógnita. Surgió con el derrame de solución cianurada de Veladero en el 2015. Combatió al exgobernador José Luis Gioja. Tuvo un apoyo popular fluctuante que disminuyó a la mínima expresión en la actualidad. Ahora es una carpa en la Plaza San Martín, en el centro de Jáchal. No mucho más. Pero parece que no perdió el financiamiento, que aseguran autogestivo en redes sociales, que nadie conoce a ciencia cierta. ¿De dónde salen los fondos para pagar un análisis del estado del agua de un embalse sanjuanino? Un exfuncionario que tuvo gran incidencia en la política minera de la Provincia dijo, off the record, que “nunca pudimos dar con nada”, respecto al origen de los recursos de la organización.
Existe una cara visible: el activista Saúl Zeballos, quien se encargó de filtrar el documento a los medios nacionales incluso antes de que tenga el OK de la UNCuyo. Quizá esa sea la explicación de la nota que publicó el diario La Nación el 20 de noviembre. Es decir, siete días antes -27 de noviembre- de la fecha de emisión original que consta en el documento de la casa de altos estudios, el diario de alcance nacional ya tenía los datos que sólo podían conocer los propios laboratoristas que practicaron las pruebas de agua en la universidad. Pero tampoco nadie sabe de dónde salió Zeballos. Es contador y militante. Ocupa buena parte de su tiempo en la causa por la ecología. Es el nexo interesado con la universidad con sede en Mendoza. ¿Por qué? Hay un hecho y una versión. En términos objetivos, este diario pudo confirmar que Zeballos es el principal impulsor de la relación con la UNCuyo.
De acuerdo a fuentes calificadas, el activista pidió expresamente que sea la institución pública establecida en la vecina provincia quien haga los análisis del agua sanjuanina. Incluso es posible hacer un racconto anecdótico de la situación. El exintendente de Jáchal, Jorge Barifusa, intentó que las investigaciones fueran llevadas por dos universidades ubicadas en San Juan y con el prestigio y la capacidad suficiente para hacerlas: la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo. Sendas propuestas fueron rechazadas por la Asamblea so pretexto de la relación institucional de las universidades con el Gobierno local. “Cerró la UNCuyo porque era la única que admitieron”, dijo un exministro de Minería, que prefirió mantener reserva de su nombre. “Ideológicamente coincidían con la UNCuyo”, marcó. ¿Qué ideología tiene una universidad pública? El pensamiento inmediato es que no debería tener ninguna otra bandera más que la pluralidad de voces. Sobre todo porque está sustentada por la contribución de todos los argentinos, quieran o no.
Entonces, el hecho es que Zabellos reclamó, abogó e insistió para que la UNCuyo hiciese los análisis periódicos con participación comunitaria que están previstos desde el derrame de solución cianurada del 2015. Queda la versión. DIARIO DE CUYO habló con un hombre que supo tener contacto directo con el jefe de la Asamblea. Hizo una breve narración sobre la posibilidad de un incentivo foráneo para la permanencia de la organización ambientalista en San Juan. Si bien siempre existieron comentarios acerca de un potencial financiamiento externo de Greenpeace, la ONG de ambientalismo internacional, esta fuente agregó un condimento más: un subsidio de la Unión Europea. No es descabellado, pero es una información que todavía no está chequeada. De alguna forma, la Asamblea logró afrontar el pago del análisis que hizo el laboratorio de análisis instrumental de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo.
¿Cuánto cuesta un estudio de esas dimensiones? El sitio especializado en cuestiones ambientales de San Juan, La Mecha, consultó con el presidente de la Junta de Riego de Jáchal, Omar Aciar, quien hace tiempo demandaba que la Municipalidad, conducida por Matías Espejo, hiciese los análisis que corresponden a la ordenanza Agua Segura. Básicamente, Aciar buscaba conocer oficialmente el estado del agua para el riego de cultivos. De acuerdo a la estimación que hizo, el análisis que la Asamblea encargó -de manera particular- a la UNCuyo ronda los 27.000.000 de pesos. Sin una fuente de financiamiento clara, es lícito preguntar de dónde sacó la organización ambientalista el dinero suficiente para afrontar el pago. Principalmente porque en sus redes sociales hacen hincapié en el carácter autogestivo de la Asamblea. En su página web, escribieron: “Este sitio no recibe auspicio ni publicidad de ningún ente público o privado. Es sostenible gracias al aporte de los vecinos de Jáchal y hermanos que nos acompañan”.
Con todo, pese al vidrioso manejo interno de la Asamblea, aún más cuestionable es la actitud de la Universidad Nacional de Cuyo. DIARIO DE CUYO publicó que las autoridades de la casa de altos estudios habían desconocido la lectura de la Asamblea sobre la contaminación de Cuesta del Viento. Fueron fuentes de jerarquía que no se animaron a hablar públicamente, pero que quitaron el aval universitario a la interpretación de datos que difundió Zaballos en los medios de comunicación. Pero, por qué no dieron las explicaciones del caso. Un funcionario de la Facultad de Ingeniería, que dirige la decana Patricia Infante, respondió que no había manera de dar una certeza sobre lo que había sucedido con los análisis ni con el vínculo -que lleva una década- entre la institución y la Asamblea. “Hay nueve institutos, cada instituto tiene sus laboratorios, que funcionan como una cooperadora y dejan dinero a la universidad, la decana no puede saber qué hace cada laboratorio”, explicó. ¿Quién puede saber? El secretario de Vinculación, Lucas Viñals. Tampoco respondió. De ahí la frase del principio de la columna: “No van a dar declaraciones sobre este tema a ningún medio”. ¿Por qué no puede dar información sobre un cliente? ¿Cualquiera puede ser cliente de la universidad, así sea una asociación, empresa u organización con fines ilegales?
Además, porque las casualidades de la vida son así, justo sucedió todo esto cuando en Mendoza faltan apenas unos días para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge (PSJ Cobre mendocino). ¿La decana Infante -que puede reelegir en la unidad académica- y su secretario Viñals estarán en algún tipo de juego político relacionado a la minería? Porque el estudio técnico -membretado por la UNCuyo- del estado del agua en Cuesta del Viento impactó mediáticamente en todo el país. ¿Por qué la universidad pública con sede en Mendoza no quitó de plano el aval y esperó a que circulara y aumentara la sensación de verosimilitud sobre la supuesta contaminación? Y sucedió, también, justo en el momento de ingreso de la ley aclaratoria de la Ley de Glaciar en el Congreso de la Nación para las extraordinarias de diciembre. Más casualidades. Todo en la agenda pública. Todo con un tufillo difícil de descifrar.
