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La escalada de violencia simbólica que azota a las instituciones educativas de Santa Fe ha dejado de ser percibida como una simple conducta adolescente para transformarse en un problema de Estado con graves consecuencias financieras y penales. En un lapso de menos de una semana, comprendido entre el 16 y el 21 de abril, el sistema de emergencias provincial recepcionó un total de 158 falsas amenazas de ataques en escuelas, un fenómeno que las autoridades califican como una tendencia nacional que ha encontrado un eco preocupante en el territorio santafesino, según informó Argentina Informa.
Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, fue tajante al señalar que esta situación no debe ser subestimada ni interpretada como una broma, ya que se trata de un delito tipificado en el Código Penal que atenta contra el normal desarrollo del derecho a la educación. La funcionaria destacó que, si bien se han identificado menores responsables en localidades como Rosario, Venado Tuerto y Teodelina, el peso de la ley recaerá sobre sus tutores a través de una vía doble: procesos penales y resarcimientos económicos.
El punto de mayor fricción radica en el impacto logístico y presupuestario. Según las estimaciones oficiales del Ministerio de Seguridad, cada operativo desplegado ante una amenaza —que moviliza no solo a la Policía provincial sino también a recursos municipales y brigadas especiales— tiene un costo operativo que oscila entre los 5 y 6 millones de pesos. Bajo la premisa de que «el delito se paga», el Gobierno provincial estableció que no será el erario público el que absorba estas pérdidas, sino que se iniciarán reclamos administrativos formales para que las familias de los involucrados afronten el pago íntegro de estos despliegues.
Este mecanismo busca recuperar el aporte de los contribuyentes santafesinos que se ve dilapidado en maniobras de distracción criminal. Las autoridades advierten que cada intervención por una falsa alarma implica retirar recursos humanos y tecnológicos de la prevención real del delito en las calles, debilitando la seguridad general de la ciudadanía. En este contexto, el llamado del Estado no solo apunta a la sanción, sino a una interpelación profunda sobre la responsabilidad familiar y el uso crítico de las herramientas digitales, instando a los adultos a controlar la viralización de mensajes sin verificar que solo contribuyen a potenciar el caos.
