El Gobierno avanza con una nueva etapa de su política de ajuste y prevé una reducción significativa del empleo público durante 2026, en línea con su estrategia de recorte del gasto estatal.
De acuerdo a fuentes oficiales, en el corto plazo se espera una nueva tanda de bajas que podría oscilar entre los 5.000 y 6.000 trabajadores dentro de la administración nacional. Sin embargo, la meta anual es más ambiciosa: alcanzar una disminución superior a los 27.000 puestos entre dependencias estatales, empresas públicas y sociedades del Estado.
A diferencia de instancias anteriores, el foco estará puesto principalmente en organismos descentralizados. En ese marco, se encuentran bajo análisis distintas áreas como el INDEC, el CONICET, la ANSES, el INTA y el ENARGAS, donde se evalúan recortes de personal y reestructuraciones internas.
Una de las herramientas clave será la no renovación de contratos anuales, una modalidad frecuente dentro del sector público. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permite avanzar con el ajuste sin recurrir exclusivamente a despidos directos, aunque genera incertidumbre entre los trabajadores.
El plan se inscribe dentro de una política más amplia que, desde el inicio de la gestión, ya implicó la reducción de más de 60.000 empleos en el Estado. A su vez, se complementa con programas de retiros voluntarios y revisiones en áreas consideradas sobredimensionadas.
Mientras el oficialismo defiende estas medidas como necesarias para ordenar las cuentas públicas y reducir el tamaño del Estado, desde sectores sindicales y de la oposición advierten sobre su impacto en el empleo y en el funcionamiento de organismos clave, en un contexto económico complejo.
