La Corte presentó proyectos de ley para la creación de dos cargos de juez de Familia y uno de Paz, más otro en Jáchal y una asesoría

La Corte de Justicia, bajo la presidencia de Adriana García Nieto, envió a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para la creación de cinco cargos de magistrados: dos de juez de Familia y uno de juez de Paz de Caucete. Además, figuran otros dos puestos en la Segunda Circunscripción Judicial, que contempla a Iglesia y Jáchal, con sede en este último departamento: uno de juez y otro de asesor oficial.

Los fundamentos para la creación de cargos se centran en la necesidad de reforzar la presencia de jueces, que son los que firman, dictan sentencias y, por lo tanto, sacan causas, en fueros que se ven abarrotados de expedientes, con Familia a la cabeza.

De hecho, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial, que se plasmaron en los argumentos, en el Fuero de Familia ingresaron, desde 2024 a la actualidad, 10.394 causas nuevas, lo que lleva a un total de 37 mil procesos activos que tienen que resolver cuatro jueces, con el equipo de Gestión Asociada y Oficina Judicial.

Son números impactantes. En la Justicia, además, tienen en cuenta el nivel de causas ingresadas en otros fueros en comparación con la cantidad de magistrados de primera instancia. Según las últimas estadísticas, las de 2024, en el fuero Laboral entraron 2.099 expedientes, los que son atendidos por seis jueces, mencionaban las fuentes como ejemplo.

Entre los fundamentos, se resalta que el fuero de Familia “presenta un nivel de presión constante hacia una mayor litigiosidad, que está exigiendo al límite la estructura de gestión, de audiencias y de decisión jurisdiccional (sentencias de los jueces), comprometiendo el sostenimiento del adecuado nivel del servicio de justicia en temas de alta sensibilidad social”.

En ese marco, se explica que la competencia de Familia “abarca múltiples conflictos de violencia intrafamiliar que ingresan en forma directa o a través de derivaciones de todos los dispositivos municipales o de la UFI CAVIG”. Así, se mencionan “procesos tutelares que involucran problemáticas de adicciones, restricciones de capacidad, personas en situación de abandono y procesos de adopción”. Y, también, “causas civiles que ventilan controversias sobre filiación y estado de las personas, disolución de matrimonios y uniones convivenciales, régimen de parentalidad, de comunicación y cuidados personales”.

Según trascendió, la Corte, primero, sacó la acordada en agosto del año pasado, en la que decidió hacer uso de su facultad de iniciativa legislativa, es decir, la capacidad de presentar proyectos de ley directamente a la Cámara de Diputados, sin necesidad de que haya una intermediación de un legislador o una gestión del Poder Ejecutivo, por ejemplo.

De acuerdo a las fuentes, la decisión de enviar el proyecto de ley se dilató porque, en el medio se dio la elección legislativa nacional, entre algunos de los fundamentos. Finalmente, la iniciativa se mandó a la Legislatura la semana pasada porque, según trascendió, los propios jueces de Familia (Esteban De la Torre, Marianela López, Marisa Valdéz y Silvana Romero) le vienen pidiendo a la Corte el refuerzo de magistrados ante el cúmulo de causas existente.

La creación de cargos implica recursos que, en definitiva, debe enviar el Ejecutivo al Poder Judicial. De hecho, la Corte había enviado en septiembre de 2024 un proyecto de ley para la creación de 80 cargos (de funcionarios judiciales, administrativos y técnicos) para reforzar el sistema acusatorio. Pero, no tuvo tratamiento ni siquiera en comisiones y perdió estado parlamentario. Es decir, si el máximo tribunal quisiese repetir el pedido, tendrá que presentar nuevamente la iniciativa.

Las fuentes remarcaron que hubo contactos entre la Corte y el Gobierno con respecto a la presentación del nuevo proyecto para los cinco cargos de magistrados. Inclusive, hasta parece que hubo un guiño de la Corte en cuanto a los recursos.

En la fundamentación de los cargos para el fuero de Familia, se explica que, si hubiese seguido existiendo el tradicional sistema de juzgados unipersonales, no solo se debería evaluar la creación de dos puestos de jueces, sino, también, la estructura de unas “30 personas entre cargos de secretarios, prosecretarios y personal de apoyo, más la infraestructura y equipamiento inherente para su funcionamiento. Todo infiere el enorme costo inherente en recursos públicos”.

Sin embargo, el máximo tribunal puso en marcha el sistema de Gestión Asociada con Oficina Judicial, en el que un cuerpo de profesionales se dedica a las tareas administrativas y colabora con la redacción y el aporte para la resolución de causas, que está en manos de los jueces. De esa forma, se resalta que, con dicho mecanismo, “no es necesario comprometer los recursos públicos en la misma magnitud del sistema de juzgado tradicional, sino fortalecer el poder decisorio jurisdiccional que tienen los magistrados”.

Por eso, se subraya que “la situación compleja del fuero de Familia puede atenderse satisfactoriamente aumentando la capacidad decisoria jurisdiccional, incorporando solo magistrados que articulen con la Oficina Judicial y sus recursos técnicos comunes operativos”.

Con respecto a los otros cargos, aparece el de juez de Paz de Caucete. Según las estadísticas, se detectó “un incremento de 10.607 causas nuevas” desde 2024 a la fecha, que “integran la cantidad de 51.028 causas activas que mantienen en los últimos cinco años”. Dicho Juzgado, a cargo de Luciana Salvá, es de tipo multifuero, ya que interviene en “contravenciones de tránsito, familia, violencia familiar, ejecutivos, sucesorios”, entre otros.

“La situación se encuentra virtualmente en crisis por la notable congestión judicial y la alta demanda de actividad judicializada, la que sobrepasa notablemente la capacidad de gestión de respuesta de una sola magistrada, máxime cuando procesos de orden público y de violencia familiar tienen una sostenida tendencia al alza y requieren actuaciones urgentes”, se remarca en los fundamentos.

En este caso, también hubo una comparación: con el Juzgado de Paz de Pocito, que tiene dos jueces: Felipe Moya y Laura Assandri. Según las estadísticas, desde 2024, entraron 8.668 nuevos expedientes, para un total de 40.140 causas activas en los últimos cinco años. Así, los números de Caucete son abrumadores. No obstante, en su momento, el nivel de casos justificó la designación de dos magistrados en Pocito.

Además, la Corte apunta a la creación de un cargo de juez en la Segunda Circunscripción Judicial, con base en Jáchal. Hoy, hay dos: Eduardo Vega y Daniel Castro, los que se alternan por turnos prestablecidos para atender temas en materia penal, civil, contencioso administrativo, laboral y familia.

En ese contexto, en el máximo tribunal indicaron que “la realidad sobrecarga de manera notoria la labor de la magistratura, toda vez que deben atender distintos tipos de procesos en todos los fueros (…) Este marco expone la necesidad de reorganizar la gestión judicial a fin de optimizar la actuación de la magistratura para alcanzar un enfoque más especializado por materias y elevar la calidad de las decisiones jurisdiccionales”.

Así, se abre la puerta a que cualquiera de los jueces esté abocado a competencias específicas, como lo estrictamente penal o a lo civil y laboral, por ejemplo. “Ello requiere la necesidad de un nuevo magistrado, que permita una redistribución equilibrada entre los tres integrantes de la Gestión Asociada, a los fines de una administración de justicia adecuada”, según el fundamento.

Por último, la Corte incorporó la creación de un cargo de asesor Oficial de Menores en la Segunda Circunscripción Judicial, a pedido del fiscal General Guillermo Baigorrí, quien tiene bajo su órbita funcional dicho puesto. El tema salió a la luz cuando el máximo tribunal designó, de manera provisoria, a Yanina Peri como titular de la Asesoría Oficial N°6 de la Primera Circunscripción Judicial (con base en Capital), aunque el jefe del Ministerio Público la asignará con funciones en la sede de Jáchal.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura lanzó el concurso para cubrir la vacante, de manera definitiva, en la Asesoría Oficial N°6, cuyo magistrado nombrado también se desempeñará en la Segunda Circunscripción Judicial, hasta que se cree el cargo específico que es el que ha solicitado la Corte.

Actualmente, hay una sola asesora Oficial de Menores, Cintia Aballay, que “debe intervenir ante la Unidad Fiscal del Norte (sistema penal acusatorio), en el sistema penal juvenil (sistema mixto), ante la Oficina Judicial Multifuero (Civil) y ante los Juzgados de Paz de Jáchal e Iglesia”, destaca el planteo. Además, agrega que todo ello “conlleva a su concurrencia y participación en diversos tipos de audiencias con sistema oral, lo que implica numerosas superposiciones y complicaciones de agenda que afectan el normal desarrollo de los procesos”.