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El vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa donde anunció el cierre definitivo de Vialidad Nacional, por orden del presidente Javier Milei. El anuncio, realizado en Casa Rosada, resuena con particular intensidad en nuestra provincia, dada la profunda implicación de este organismo en el desarrollo de la infraestructura local y su inextricable vínculo con un hito judicial reciente.
La medida, justificada por el gobierno libertario bajo el paraguas de la “eficiencia”, la “reducción del gasto público” y el combate a la “corrupción”, no es una novedad aislada en la política de motosierra de la actual administración. Sin embargo, su timing y el organismo elegido le otorgan un peso específico que trasciende lo meramente económico. El cierre de Vialidad Nacional se produce en un momento político delicado, apenas unos meses después de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la emblemática “Causa Vialidad”. Esta concatenación de eventos, aunque el gobierno se esfuerce por desvincularlos, es inevitablemente interpretada por la opinión pública como una continuidad, una suerte de broche a un capítulo oscuro de la historia reciente argentina.
“La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, aseguró Adorni.
El vocero presidencial explicó a su vez que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.
Esto se traduce como el despido de aproximadamente más de 5.500 trabajadores, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros que quedarán sin mantenimiento ni cobertura. El reclamo por la paralización de Vialidad Nacional proviene desde el inicio de la gestión Milei. Los gobernadores en su totalidad pidieron la transferencia de las vías nacionales a las provincias, pero no se terminó de materializar dicho traspaso aún.
A su vez, Adorni contó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.
El cierre de Vialidad Nacional, más allá de sus motivaciones explícitas, se erige como un símbolo poderoso en la narrativa del gobierno de Milei. Es un golpe directo a la estructura del Estado tal como la conocemos, un mensaje claro sobre la dirección que busca imprimir a la administración pública.
