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Un violento episodio ocurrido en Jáchal terminó con dos hermanos condenados por atacar a un joven con extrema violencia cuando intentaban sustraerle la motocicleta. El caso, que generó fuerte impacto por la gravedad de las lesiones, derivó en una pena de cumplimiento efectivo para uno de los acusados y una condena condicional para el otro.
El hecho se registró en la madrugada del 20 de julio de 2025, en inmediaciones de avenida 25 de Mayo, en la zona cercana al Vivero Municipal y frente a las piletas de OSSE. La víctima, identificada como Pedro Andrés Lara, se encontraba en el lugar intentando poner en marcha su moto cuando fue interceptado.
De acuerdo con la investigación judicial, los agresores —Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández y Naim Rodrigo Jofré Hernández— lo abordaron de manera sorpresiva y desataron un ataque directo. En el transcurso de la agresión, utilizaron el casco del propio damnificado para propinarle reiterados golpes, concentrados principalmente en la cabeza.
Como consecuencia, el joven sufrió heridas de consideración, entre ellas la pérdida de piezas dentales, y quedó inconsciente. Pese a la violencia desplegada, los atacantes no lograron concretar el robo del rodado y abandonaron la escena.
En una primera instancia, la causa fue instruida como robo agravado, pero con el avance del proceso y la evaluación de las pruebas, se modificó la calificación legal a lesiones graves. La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado en la Unidad Fiscal del Norte.
En ese marco, el Ministerio Público Fiscal —representado por el fiscal Gastón Mateo Salvio junto a la ayudante fiscal Gabriela Chiffel— acordó con la defensa las penas aplicadas.
Así, Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, lo que implica que no quedará detenido, aunque deberá cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas la prohibición de contacto con la víctima y el control del patronato.
Por su parte, Naim Rodrigo Jofré Hernández recibió una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva. Además, el tribunal dispuso unificar esa condena con una anterior dictada en abril de 2025, fijando una pena única de tres años de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.
