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La investigación por presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio de la Obra Social Provincia avanzó en la Justicia sanjuanina con la imputación de cuatro personas por el delito de estafa a la administración pública. La medida fue dispuesta por el juez Martín Peñafort, a pedido del fiscal Gastón Salvio, tras la audiencia de formalización realizada el 18 de febrero.
La causa tuvo su origen el 27 de marzo de 2025, a partir de una denuncia presentada por el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, luego de que una auditoría interna detectara supuestas irregularidades en la facturación de consultas y prácticas médicas.
A partir de esa presentación, la Fiscalía llevó adelante una investigación preliminar que incluyó el análisis de documentación administrativa, registros ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, informes del Colegio Médico y declaraciones de afiliados.
Entre los imputados figuran los propietarios de la Clínica Argentina de Rodeo, en el departamento Iglesia, el bioquímico Pablo Olivares y Natalia Mateo, además de los médicos Carlos Agüero, cirujano y urólogo, y Eduardo Leanis, médico clínico. Según la hipótesis fiscal, se habrían facturado prestaciones que los afiliados no solicitaron o que incluso habrían sido atribuidas a profesionales que los pacientes afirmaron no conocer.
Fuentes judiciales indicaron que se investigan alrededor de 30 bonos de consulta y prácticas médicas correspondientes a hechos que se remontan a diciembre de 2021. Varios afiliados convocados a declarar señalaron que las firmas y la letra que figuraban en la documentación no eran propias y que nunca se atendieron en ese establecimiento, pese a que las prestaciones aparecían registradas a su nombre.
El fiscal Salvio aclaró que la formalización no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria. En esa instancia, explicó, se realiza una descripción de los hechos atribuidos y se detallan los elementos de convicción reunidos por el Ministerio Público Fiscal para sustentar la imputación.
La causa se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación Nº2 del Norte, con competencia en Iglesia y Jáchal, y tendrá un plazo inicial de un año para su desarrollo, con posibilidad de prórroga por 180 días más si así lo resuelve el juez interviniente.
Por ahora, la única denuncia penal es la impulsada por la propia obra social. No obstante, la pesquisa continúa y no se descarta que, a medida que avance el análisis de la prueba documental, puedan ampliarse las imputaciones o incorporarse nuevas figuras penales vinculadas a eventuales adulteraciones o falsificaciones.
Con la formalización concretada, el expediente ingresa en una etapa clave para determinar si existieron maniobras de fraude en perjuicio de fondos públicos del sistema de salud provincial y establecer responsabilidades penales.
Fuente: Diario 13 San Juan
