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Un nuevo frente judicial se abrió en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En ese contexto, el Ejecutivo confirmó que apelará el fallo que suspendió artículos centrales de la ley, tras una medida cautelar presentada por la CGT.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano, que junto a la Procuración del Tesoro avanzará con la apelación. El objetivo es revertir la medida cautelar que suspendió parte de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en medio de una fuerte disputa con el sector sindical.
Reforma laboral y los artículos frenados por la Justicia
El fallo fue dictado por el juez Raúl Ojeda, quien hizo lugar a una presentación de la CGT. La resolución suspendió 82 artículos clave, al considerar que podrían afectar derechos laborales mientras se analiza su constitucionalidad.
Entre los puntos más relevantes, quedaron en pausa modificaciones en despidos e indemnizaciones. Se frenó el cambio en el cálculo indemnizatorio y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, que buscaba reemplazar parcialmente el sistema vigente.
También se suspendieron aspectos sensibles vinculados a la actividad sindical. El fallo bloqueó restricciones a huelgas, asambleas y el accionar de los gremios, uno de los ejes más cuestionados por las organizaciones laborales.
Otro punto clave fue el de los convenios colectivos. La Justicia dejó sin efecto la prioridad de los acuerdos por empresa sobre los de actividad, lo que generaba preocupación en los sindicatos por una posible flexibilización de condiciones laborales.
Además, se frenaron cambios en teletrabajo, nuevas modalidades laborales y el régimen de trabajadores de plataformas. La medida cautelar mantiene vigente la normativa actual, evitando modificaciones estructurales en el sistema.
Desde el Gobierno defendieron la ley y aseguraron que se trata de una herramienta para fomentar el empleo formal. Sostienen que la reforma laboral busca mejorar la competitividad y dar mayor seguridad jurídica, por lo que insistirán en todas las instancias judiciales.
La causa continuará su curso en tribunales superiores. La resolución es provisoria, pero marca un fuerte freno político y judicial a la reforma, en un escenario de alta tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo.
