Javier Milei sigue avanzando con el “plan motosierra” y prepara otra ronda de despidos en el Estado. Según se pudo saber, al menos 5 mil trabajadores perderán sus empleos en distintas áreas de la administración nacional este domingo a partir del vencimiento de sus contratos de planta transitoria.
Los nuevos cesanteados son parte de los 50 mil agentes públicos cuyos contratos habían sido prorrogados a fines de marzo, cuando se produjo la ola de despidos más grande de la gestión libertaria (unos 15 mil). En ese entonces, el Gobierno había anunciado una “auditoría permanente”.
La nueva ronda de despidos afectaría principalmente a trabajadores de ministerios y secretarías ya eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, pero también a organismos autárquicos como el INTI.
Más allá de que esta tanda de cesanteos no sea tan masiva como las anteriores, el objetivo a mediano plazo de Milei es eliminar la planta total de contratados en la Nación de forma progresiva.
TN pudo acceder días atrás al informe de los despidos que hicieron los integrantes del gabinete en sus ministerios y a los detalles que recibió la mesa chica del Ejecutivo: los números indican que el Gobierno ya echó a 18.019 contratados estatales en los primeros seis meses de gestión y redujo su planta de 72.000 trabajadores a 53.981.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue la funcionaria que más recortó: dio de baja 4930 contratos ligados a su ministerio, que incluye las secretarías de Trabajo, Educación, Cultura y Niñez y Familia.
El titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, aparece en el segundo lugar: despidió a 3195 trabajadores, que se compone de 15 secretarías como la de Transporte, Energía, Obras Públicas, Finanzas e Industria. También absorbió la mayoría de las dependencias del exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro.
La reducción de personal abarcó por ahora solo a trabajadores con contratos anuales, que el Gobierno extendió por tres meses en dos tandas en diciembre y marzo. Las bajas de planta permanente se ejecutaron en mucha menor magnitud.
Es por eso la Ley Bases incluyó en su artículo número 52 un marco normativo para la reducción de los empleados de planta permanente de la Administración General de Nación: en concreto, propone que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados en el caso de estar sujetos a organismos eliminados o modificados. Y habilita también al Ejecutivo a no pagar a indemnizaciones en casos en que se hayan encontrado irregularidades, como el incumplimiento del horario, inasistencias injustificadas y el abandono de tareas.
Este cambio contempla además que puedan ser cedidos de Nación a provincias y ofrece una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mayor remuneración del último año.